OTRO DESPOJO DE LOS ESTADOS UNIDOS
En ocho islas que desde el aire brillan con matices irisados y metálicos, florecen ricos emporios de turismo, pesca, agricultura y ganadería que anualmente producen ganancias por miles de millones de dólares a sus beneficiarios estadounidenses y que, parte legal del territorio mexicano, se convertirán definitivamente en otro paraíso perdido si México no se apresura a defender sus derechos.
Parte del mar territorial que circunda las islas, fue concesionado por el gobierno de Estados Unidos a cuatro compañías petroleras de ese pais.-Standard Oil de California, Getty Oil, Union Oil y Swelly Oil- en cientos de millones de dólares, para realizar exploraciones petroleras y a nueve compañías mineras que realizan prometedoras investigaciones en una superficie de doce millas marinas, en donde han sido localizados yacimientos “listos para entrar en explotación”.
Las ocho islas: San Clemente, San Nicolás, Anacapa, Santa Cruz, San Juan, Santa Bárbara, Santa Rosa y San Miguel –cuya extensión aproximada, más su proporción de mar territorial es semejante a la de la península de California- están resguardadas por la Armada estadounidense.
En dos de ellas, San Clemente y San Nicolás, funcionan bases estratégicas con aeropuertos, muelles de alto calado, estaciones de radar-satélite, y cuatro bases de proyectiles teledirigidos.
El archipiélago del norte, ha sido reclamado en varias ocasiones por el Gobierno de México a Estados Unidos, a partir de 1894, cuando se advirtió que no figuraba en forma explicita en los tratados de Guadalupe-Hidalgo de 1848. Las ultimas reclamaciones partieron de un estudio realizado por el Gobierno mexicano en 1970. Desde entonces la propiedad legal de las islas ha sido debatida superficialmente por los dos países. Varios periódicos estadounidenses y mexicanos han abordado el caso, pero Excélsior obtuvo una extensa prueba documental sobre la validez de las reclamaciones mexicanas.
Al dictamen de La Haya
Estas quedarían sujetas, con buenas posibilidades de éxito, al dictamen definitivo del tribunal internacional de La Haya, que ya en 1970 insinuó que México tiene el derecho suficiente para reclamar la posesión del Archipiélago. Por otro lado, el departamento del interior del gobierno estadounidense redactó en 1976 un documento en el que expresa su “preocupación porque el Gobierno de México emprenda una reclamación con fundadas bases legales, que pudiera llevarle a recuperar la posesión de las ocho islas en cuestión”.
La investigación realizada por el enviado puso en evidencia que a partir de 1848, después de la firma de los tratados de Guadalupe-Hidalgo, Estados Unidos extendió su dominio a las ocho islas, no obstante que no son mencionadas específicamente en los tratados que textualmente establecen la nueva línea fronteriza “. De un punto de la Costa del Océano Pacifico, distante una legua marina (unas tres millas) del punto mas al sur del puerto de San Diego”. En la parte este la línea divisoria quedo fijada en el Golfo de México “tres leguas marinas mar adentro (unas nueve millas), hasta la costa de California”.
Posteriormente, una comisión conjunta de los dos gobiernos formalizó los tratados limítrofes reiterando en forma textual al tratado original. En 1858 se firmaron los tratados de compra “Gadsen” que modificaron los limites fronterizos en el estado de Texas, pero el limite oeste simplemente se fijo desde “un punto de la costa”.
Al amparo del tratado “Gadsen”, Estados Unidos se posesionó también del archipiélago, pero consiguió establecer una cláusula según la cual Estados Unidos se comprometía a ceder a México la posesión de las islas en un termino de 100 años.
En 1894 el geógrafo mexicano Esteban Chazari publicó un extenso estudio en el que mostró que ninguno de los dos países contratantes había reparado en la posible importancia que podrían tener esas ocho islas a la sazón deshabitadas y aparentemente inútiles. El estudio fue publicado y suscito la primera discusión sobre el asunto.
Sin embargo durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se percato de la importancia estratégica de las islas y estableció allí tres de sus bases más importantes en el Pacifico. Varios académicos del Derecho Internacional recordaron que la disputa y el asunto volvió a debatirse en el ámbito extraoficial.
El Presidente Manuel Ávila Camacho decidió crear una comisión de “Listón Azul” integrada por prominentes geógrafos, historiadores y juristas internacionales mexicanos, a la que llamo “comisión Camacho”. Casi cinco años mas tarde la comisión emitió un dictamen de cuatrocientas fojas y varios apéndices que en 1947 fué presentada al Presidente Miguel Alemán Valdés. Después de varias consultas con el Gobierno Estadounidense, el Gobierno de México decidió clasificar el asunto como “Tema Confidencial” y guardaron silencio.
Sin embargo Donald Lawless, catedrático de derecho internacional de la universidad de Georgetown, opino que el caso debería ser sometido a la Corte Internacional de La Haya. Actualmente el doctor Jorge A. Vargas, del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de California en San Diego, lleva a cabo una extensa revisión de los títulos históricos sobre las islas y los argumentos para incorporarlas a territorio nacional. La investigación se encuentra en su fase final.
México insiste, pero en silencio
De hecho, en forma oficial ninguno de los dos gobiernos ha asumido una actitud abierta con respecto a las islas. Pero extraoficialmente México a insistido en sus reclamos en medio de una cortina de silencio.
En solo dos ocasiones se ha asumido una posición oficial, la primera ocurrió en marzo de 1970 cuando un estudio de la Secretaria de Turismo, realizado por instrucciones de Agustín Salvat, bajo la dirección de Berta Taracena para poner en relieve el gran potencial turístico del archipiélago en materia de pesca deportiva y como centro de veraneo se puso en claro que México “en ninguna ocasión cedió de facto la posesión de las islas”
En esa ocasión el secretario de Relaciones Exteriores, Antonio Carrillo Flores explicó que México no cedería sus derechos sobre el archipiélago, aunque reconoció que no se había instaurado ninguna demanda formal sobre la posesión y dijo que el asunto no se hacia del conocimiento publico, porque el gobierno del presidente Díaz Ordaz lo consideraba “en extremo delicado”.
Con esa misma argumentación se abstuvo de dar a conocer a la opinión publica el dictamen de la “Comisión Camacho” de 1947.
En forma extraoficial México anuncio en Washington que no mantendría “ninguna posición al respecto”.
Helen Lane, oficial del “Mexican Desk” del Departamento de Estado asevero por su parte que “Hasta donde sabemos, es poco probable la posibilidad de entablar negociaciones bilaterales a este respecto. Sobre todo porque México no define sus determinaciones”.
En aquella ocasión, Mark Feldman, jefe de asesores del Departamento de Estado aseguró que Estados Unidos se atiene a la posesión de las islas bajo el termino legal internacional del “Adverse posesión”, esto es, “el traspaso automático de determinada posesión a favor de quien ocupa tal propiedad sin reclamo expreso de la parte contraria”
Este argumento quedaría nulificado con la cláusula del Tratado “Gadsen”, según el cual Estados Unidos cedería a México la posesión al termino de un periodo de 100 años.
Posteriormente en 1973 el secretario de Relaciones Exteriores, Emilio O. Rabasa y el secretario de Estado Henry Kissinger, tuvieron una reunión para discutir los problemas mas importantes entre ambos países para “fortalecer la relación bilateral”. Uno de los temas vitales que presento Rabasa fue la cuestión del Archipiélago del Norte
Sin embargo, el asunto no fue discutido. Un oficial de la embajada de México en Washington, el doctor Tomas Peñalosa, dijo que el secretario de Rabasa había incluido el tema de las islas en el temario de negociaciones, pero a la hora de las discusiones, inexplicablemente no fue tocado”.
Desde entonces el Gobierno de México no habla del asunto. Y las islas del Norte parecen condenadas a ser el nuevo “paraíso perdido”.
Por Fernando Meraz
